Por Angélica Seña, para el Portal de Noticias CONAVIS

Sonaron las trompetas del apocalipsis burocrático y temblaron las curules tapizadas en cuero fino. El Gobierno Nacional, con pluma firme y sin pañuelo para las lágrimas parlamentarias, expidió el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual se evapora —como perfume caro en despacho con aire acondicionado— la célebre prima especial de servicios que inflaba el salario de los congresistas con unos módicos 16 millones de pesos mensuales. Sí, los mismos que alcanzaban apenas para sobrevivir entre viáticos, escoltas y almuerzos ejecutivos.

El decreto, parido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y bendecido con la firma presidencial de Gustavo Petro, decreta que los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026 ya no recibirán ese generoso estipendio que durante años fue presentado como una necesidad vital para la “dignidad del cargo”, esa dignidad que curiosamente siempre cotiza en millones.

Según el documento oficial —ese que ahora algunos leen con el ceño fruncido y el ego en duelo—, la remuneración de los honorables padres y madres de la patria resulta desproporcionada, palabra elegante para decir “excesiva”, frente al ingreso promedio de los colombianos que hacen malabares con el mínimo, la inflación y la fe. Una desigualdad tan obscena que, según el Gobierno, complica cerrar las brechas sociales prometidas en la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo, ese que no incluye primas celestiales.

En un acto casi revolucionario —o al menos incómodo para los trajes italianos— el Ejecutivo decidió reorientar el gasto público, invocando la sagrada palabra “austeridad”, esa que suele aplicarse solo de abajo hacia arriba, pero que esta vez subió en ascensor hasta el Capitolio. Todo, eso sí, “sin afectar derechos fundamentales”, porque al parecer vivir sin esos 16 millones extras no vulnera la Constitución… aunque algunos congresistas podrían discrepar entre sollozos.

El artículo 1 del decreto ejecuta la herejía mayor: deroga el Decreto 2170 de 2013, expedido en tiempos del expresidente Juan Manuel Santos, norma que creó esta prima especial, ese dulce mensual que se volvió costumbre, tradición y casi derecho adquirido por ósmosis política.

El artículo 2 pone fecha al luto: 20 de julio de 2026, día de independencia nacional y, desde ahora, día de independencia presupuestal del ciudadano común frente al bolsillo congresional.

El artículo 3 recuerda —por si alguien quería negociar por debajo de la mesa— que la Función Pública es el único órgano competente para opinar sobre salarios y prestaciones, no los cafés cerrados ni las reuniones “técnicas” con aroma a lobby.

Y el artículo 4 sentencia sin anestesia: el decreto rige desde su publicación y deroga todo lo que se le atraviese, como quien barre migajas de lujo de una mesa demasiado opulenta.

Con esta decisión, el Gobierno busca enviar una señal política de austeridad, algo así como decirle al país: “tranquilos, esta vez también les tocó a ellos”. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso se escuchan lamentos contenidos, suspiros calculando hipotecas y preguntas existenciales del tipo: ¿cómo vivir ahora con solo el salario básico de congresista?

Colombia observa. Algunos aplauden. Otros ríen. Y los congresistas… bueno.