Por Angélica Sena, para el portal de noticias CONAVIS

En el teatro judicial de Barranquilla, donde cada audiencia parece escrita por un guionista con gusto por el exceso, la Fiscalía decidió levantar la mano y pedir pausa. Esta vez, la protagonista fue la fiscal Lucy Marcela Laborde, quien solicitó al Juez Segundo Especializado, Hugo Carbonó, reconsiderar lo que calificó como una compulsa de copias “apresurada”, dirigida contra el fiscal Mario Burgos, antiguo capitán del proceso contra Nicolás Petro.

El motivo del revuelo no es menor ni discreto: la difusión del video de la captura de Nicolás Petro, donde aparece desnudo, sin pudor procesal y con la intimidad convertida en prueba involuntaria. Un episodio que pasó del expediente a la polémica pública en cuestión de horas.

Laborde, con tono firme y código penal bajo el brazo, sostuvo que el juez tomó la decisión sin haber visto el mapa completo del caso, sin conocer las pruebas de fondo y, sobre todo, sin escuchar a todas las partes. En nombre de la imparcialidad judicial, pidió que la compulsa se archive… o al menos se congele.

Y por si el pedido no bastaba, dejó activado el plan B: apeló la decisión para que sean los magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla quienes decidan en segunda instancia si el impulso del juez fue justicia o prisa.

Según la Fiscalía, la compulsa de copias debió reservarse para el juicio oral, cuando ya todas las cartas estén sobre la mesa y no solo las que lanzó el abogado defensor Alejandro Carranza, representante legal de Nicolás Petro. Porque, a juicio del ente acusador, decidir con una sola versión es como dictar sentencia viendo apenas el tráiler.

“El juez no puede avalar una solicitud de la defensa y negar una solicitud de la Fiscalía con elementos contradictorios”, reclamó Laborde, en una frase que sonó más a advertencia institucional que a simple inconformidad procesal.

El antecedente pesa. El pasado 28 de noviembre, el juez Carbonó compulsó copias para investigar no solo al fiscal Burgos Patiño, sino también a investigadores del CTI, miembros de la Policía y a la Revista Semana, cuando era dirigida por Vicky Dávila, hoy precandidata presidencial. El expediente creció como bola de nieve cuesta abajo.

El juez justificó su decisión al afirmar que, dentro del material probatorio, se evidenció una presunta violación a la intimidad y privacidad durante el procedimiento de captura. Aclaró que la legalidad de la detención no está en duda, pues existía orden judicial válida, pero sí la forma en que se ejecutó en julio de 2023.

Según su apreciación, a Nicolás Petro no se le permitió vestirse, fue grabado desnudo y expuesto frente a su esposa Laura Ojeda, quien para ese momento se encontraba embarazada. Una escena que, más que procedimiento, pareció exceso.

La audiencia preparatoria fue suspendida y continuará en horas de la tarde con la intervención del delegado de la Procuraduría. Mientras tanto, el proceso suma otro capítulo donde la justicia no solo se debate en derecho, sino también en ética, cámaras encendidas y decisiones que llegan, según algunos, antes de tiempo.

En Colombia, los expedientes no solo se leen: se filman, se discuten y se juzgan dos veces. Primero en sala. Luego en la opinión pública.