Por Angélica Seña para el portal CONAVIS
En un país donde las mujeres han trabajado toda la vida pero rara vez en nómina, desde el 1 de enero de 2026 comenzó a operar una pequeña revolución silenciosa: la reducción progresiva de las semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión de vejez, una orden directa de la Corte Constitucional que, con toga en mano, decidió recordarle al sistema pensional que parir, criar, cuidar y sostener hogares también desgasta rodillas, espalda y paciencia.
El veredicto es claro: el antiguo altar de las 1.300 semanas empieza a desmontarse para dar paso, paso a paso y año tras año, a un requisito final de 1.000 semanas, reconociendo que millones de mujeres no tuvieron carreras laborales lineales porque la vida —esa gran empleadora informal— las contrató sin sueldo para cuidar hijos, familiares, casas y silencios.
La medida aplica tanto para Colpensiones (Régimen de Prima Media) como para los fondos privados (RAIS), para que nadie diga que la justicia llegó con preferencia de ventanilla. En Colpensiones, el conteo arrancó en 1.250 semanas en 2026 y seguirá bajando hasta tocar piso en 2036; en los fondos privados, el punto de partida es 1.135 semanas, con descenso anual hasta llegar a las 1.000 en 2035. La edad de pensión femenina, eso sí, se mantiene en los ya célebres 57 años, porque el tiempo puede cotizar menos, pero no envejece distinto.
Y como si fuera poco, el sistema ahora acepta que tener hijos también cuenta: en Colpensiones se reconocerán 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres, como quien por fin admite que la maternidad no fue un pasatiempo sino un trabajo de tiempo completo sin prima ni vacaciones.
Con estas medidas, el sistema pensional colombiano da un tímido pero significativo paso hacia la equidad, ajustándose —al fin— a la realidad laboral de millones de mujeres que han trabajado toda la vida, aunque el sistema apenas ahora esté aprendiendo a sumar ese esfuerzo.
