Por Angélica Sena, para el portal de noticias CONAVIS

En Colombia no solo vuelan helicópteros rusos, también vuelan contratos, excusas y ahora, coroneles. Esta vez, la gravedad alcanzó al coronel Julián Ferney Rincón, comandante de la Brigada de Aviación 32, quien fue capturado como si se tratara de una escena cuidadosamente ensayada para el noticiero de las ocho, en pleno Fuerte Militar de Tolemaida, ese lugar donde la disciplina suele desfilar firme, pero donde esta vez desfiló la Fiscalía.

El motivo del aterrizaje forzoso fue el ya legendario contrato de los helicópteros MI-17, esas aves metálicas de origen ruso que, en lugar de rugir en el cielo, terminaron graznando en los expedientes judiciales. Según la Fiscalía General de la Nación, el alto oficial deberá responder por los pecados capitales del mundo contractual colombiano: contrato sin requisitos y falsedad ideológica en documento público, una combinación tan clásica como peligrosa, derivada del contrato No. 012 de 2024 del Ministerio de Defensa.

Mientras tanto, el Ejército, con voz solemne y dicción de manual institucional, salió a decir que todo se investigará “con transparencia”, palabra que en Colombia suele brillar mucho… en los comunicados. Prometieron investigación disciplinaria paralela, apoyo irrestricto a la justicia y una reafirmación casi poética de sus valores, principios y amor eterno por la ley. Todo muy pulcro, todo muy correcto, todo muy después de los hechos.

Pero la novela no termina ahí, porque como toda tragedia moderna, hay un segundo acto con dólares como protagonistas. El Ministerio de Defensa confirmó una multa de casi 9 millones de dólares a la empresa estadounidense Vertol Systems, por haber incumplido “parcialmente” el contrato de mantenimiento de los MI-17, aunque solo ejecutaron el 8 % del contrato tras recibir el 50 % del dinero. Una proeza matemática digna de estudio.

La resolución, fechada el 14 de noviembre, también ordena la devolución de más de 13,5 millones de dólares del pago anticipado, ya que los bienes y servicios prometidos brillaron por su ausencia, como helicópteros en hangares vacíos. El contrato, firmado por 32,4 millones de dólares y con vigencia hasta noviembre de 2025, parece haber nacido con alas rotas.

Según medios nacionales, el pecado original estuvo en la adjudicación misma. La empresa no tenía ni la experiencia ni las certificaciones necesarias para mantener los ocho helicópteros rusos. Pero aun así, el contrato voló, voló alto, voló caro y finalmente se estrelló.

Así, entre comunicados solemnes, cifras millonarias y helicópteros que nunca despegaron como debían, Colombia suma un nuevo capítulo a su biblioteca infinita de escándalos. Una historia donde los MI-17 no hicieron ruido en el aire, pero sí un estruendo monumental al caer en manos de la justicia.

Porque aquí, cuando no despega la aviación, despega el escándalo