Por Angélica Seña, para el portal de noticias CONAVIS 

En un giro digno del realismo económico tropical, el Gobierno Petro firmó el decreto que ordena poner a los congresistas en ayuno parcial, eliminando la célebre prima especial de servicios, ese suplemento vitamínico del poder creado —según la versión oficial— para que los honorables padres de la patria no sufrieran penurias tan crueles como pagar arriendo o transporte.
Hasta hoy, el salario congresional era una obra de ingeniería contable:
$12.691.984 de asignación básica,
$22.563.374 en gastos de representación (porque representar cansa),
y $16.914.540 de prima especial,
para un total celestial de $51.512.447 mensuales.
Con la tijera presidencial ya afilada, la prima desaparece del menú y el ingreso baja a una modesta suma de $35.255.268, cantidad que —aunque dramática para los pasillos del Capitolio— seguirá permitiendo sobrevivir con dignidad en esta dura república llamada Colombia.
La medida aplicará para los congresistas que se posesionen en el próximo periodo legislativo, es decir, los que aún no han probado las mieles completas del cargo y ahora deberán conformarse con una versión light del privilegio.
Eso sí, después de los descuentos obligatorios —salud, pensión, solidaridad, subsistencia y la inevitable retención en la fuente— el ingreso neto quedará en unos $22.501.675 mensuales, cifra que, según expertos, aún supera con holgura la imaginación salarial de millones de colombianos.
Desde las toldas del Pacto Histórico, la decisión fue celebrada como un acto de justicia poética y social, pues consideran que el antiguo salario era una novela de ciencia ficción frente al ingreso promedio del país. Un pequeño paso para la equidad, un gran salto para la austeridad simbólica… y un leve mareo para quienes estaban acostumbrados al festín.