Por Angélica Seña, para el portal de noticias CONAVIS
La tarde del jueves 22 de enero quedó grabada no solo en la fría retina de una cámara de seguridad, sino en la memoria doliente de un barrio que aprendió, una vez más, que la muerte no avisa y la violencia no discrimina. En La Esmeralda, al suroccidente de Barranquilla, el tiempo se partió en dos cuando el estruendo seco de los disparos irrumpió en la cotidianidad más elemental: la de una tienda de esquina y un niño que apenas comenzaba a habitar el mundo.
Las imágenes —testigos mudos pero implacables— revelan la coreografía mecánica del horror: dos hombres sobre una motocicleta, la prisa del delito, el gesto automático del gatillo y una lluvia de balas disparadas sin rostro ni destino claro contra un establecimiento ubicado en la calle 73B con carrera 13. En esa danza ciega de la violencia urbana, uno de los proyectiles encontró el cuerpo frágil de Manuel Pérez Hernández, un menor de apenas 14 años, que se hallaba afuera del local, ajeno a la sentencia que el azar armado estaba a punto de dictarle.
El niño fue trasladado con urgencia a un centro asistencial, en un intento desesperado por arrancarlo de las garras de una herida que ya anunciaba su gravedad. Horas después, la muerte selló el desenlace. Su fallecimiento no solo apagó una vida joven, sino que dejó suspendida en el aire una pregunta incómoda y persistente: ¿en qué momento la violencia se convirtió en paisaje y la infancia en daño colateral?
La conmoción se expandió entre los habitantes del sector como una herida compartida, porque cuando cae un niño, no cae solo: se resquebraja el tejido social, se erosiona la confianza en la calle y se instala el miedo como vecino permanente.
Ante el crimen, la Policía Metropolitana de Barranquilla activó un plan candado que permitió la captura de dos presuntos responsables, en un esfuerzo por restituir, al menos simbólicamente, el orden roto. Entre los detenidos figura Juan Carlos Lara Bustos, alias ‘Coqui’, de 47 años, con antecedentes judiciales, nombre que ahora se suma al largo inventario de la violencia reiterada.
A los capturados les fue incautada el arma de fuego que, según las autoridades, habría sido utilizada en el ataque. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles de un atentado que, más allá de sus razones inmediatas, expone una verdad más profunda y perturbadora: la de una sociedad donde la muerte circula en motocicleta y la niñez sigue pagando el precio de conflictos que no le pertenecen.
